La administración Trump solicitó a la Corte Suprema reabrir el caso contra Ali Danial Hemani, un hombre de Texas que presuntamente tenía un arma de fuego en su casa y reconoció ser un consumidor habitual de marihuana.
El gobierno apeló después de que un tribunal inferior anulara en gran medida una ley que prohíbe a las personas que consuman drogas ilegales y posean armas. El anuncio de que los magistrados consideran el caso es histórico.
«Estamos llegando a un nivel de «ten cuidado con lo que pides porque quizás te lo dan», y creo que va a ser muy difícil para una corte, especialmente una corte conservadora, tratar de decir que se pueden restringir los derechos a las armas a personas que usan marihuana, pero no en otros casos”, dijo Juan Carlos Planas, Facultad de Derecho de la Universidad St. Thomas.
El gobierno está a favor de la Segunda Enmienda, pero sostiene que esta restricción es justificable y que los consumidores habituales de drogas representan un grave riesgo para la seguridad pública.
Los abogados de Hemani lograron desestimar su cargo de delito grave después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito determinara que la prohibición general es inconstitucional. Agregan que la ley pone a millones de personas en riesgo de arresto e infracciones técnicas.
Al menos el 20% de los estadounidenses ha probado el cannabis, según datos de salud oficiales. La mitad de los estados de la nación han legalizado su uso recreativo, aunque sigue siendo ilegal según la ley federal. Los jueces de apelación determinarán que aún podría utilizarse contra personas acusadas de estar intoxicadas y armadas al mismo tiempo.
«La Constitución le da protección igual, el ‘Equal Protection Clause’ a todos los residentes. Nos tienen que tratar igualmente, y cuando estamos hablando solamente de marihuana y no de problemas mentales, uso de alcohol u otro tipo de drogas, van a tener un problema con esa parte de la Constitución que garantiza protección igual a las leyes», añadió Planas.
La mayoría conservadora en la Corte Suprema dictaminó en 2022 que la Segunda Enmienda generalmente otorga a las personas el derecho a portar armas en público para defensa propia, y que cualquier restricción de armas de fuego debe tener una sólida base histórica. Desde entonces, los jueces han confirmado una ley federal diferente destinada a proteger a las víctimas de violencia doméstica al prohibir las armas a las personas bajo órdenes de restricción.
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