WASHINGTON — La Corte Suprema rechazó el martes que el gobierno del presidente Donald Trump desplegara elementos de la Guardia Nacional en el área de Chicago para apoyar sus restricciones migratorias.
Los jueces del máximo tribunal rechazaron la solicitud de emergencia que presentó el gobierno para anular un fallo de la jueza federal April Perry que había bloqueado el despliegue. Un tribunal de apelaciones también se había negado a intervenir.
La Corte Suprema tardó más de dos meses en actuar. Tres jueces, Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, desintieron públicamente.
No es un fallo definitivo, pero podría afectar otras demandas que impugnan los intentos de Trump de desplegar a miembros de las fuerzas armadas en otras ciudades con gobiernos demócratas.
Se trata de un raro revés por parte de la Corte Suprema hacia Trump, quien había obtenido repetidas victorias en apelaciones de emergencia desde que recuperó nuevamente el cargo en enero pasado. El tribunal, de mayoría conservadora, ha permitido que Trump prohíba que personas transgénero formen parte de las fuerzas armadas, recuperar millas de millones de dólares en gastos federales aprobados por el Congreso, tomar medidas agresivas contra inmigrantes y despedir a los titulares de agencias federales independientes.
El gobierno había buscado en un principio la orden para permitir el despliegue de tropas de la Guardia Nacional de Illinois y Texas en el área de Chicago, pero el contingente de Texas, de unos 200 soldados, fue enviado posteriormente de regreso a casa.
Justificacion del gobierno federal
El gobierno federal ha argumentado que la presencia de las tropas es necesaria «para proteger al personal y propiedades federales ante la resistencia violenta contra las restricciones federales de inmigración».
La instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) en Broadview, un suburbio al oeste de Chicago, ha sido escenario de tensas protestas en las que agentes federales han utilizado en ocasiones anteriores gases lacrimógenos y otros agentes químicos contra manifestantes y periodistas.
Las autoridades arrestaron a 21 manifestantes la semana pasada y aseguraron que cuatro agentes resultaron heridos fuera de la instalación de Broadview. Las autoridades locales realizaron los arrestos.
El caso de Illinois es sólo una de varias batallas legales sobre los despliegues de la Guardia Nacional.
El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, ha interpuesto una demanda para frenar el despliegue de más de 2.000 guardias en la capital de la nación. Cuarenta y cinco estados han presentado documentos ante el tribunal federal en ese caso, 23 de los cuales apoyan las acciones del gobierno y otros 22 en respaldo a la demanda de Schwalb.
Más de 2.200 soldados de cuerpos de la Guardia Nacional de varios estados con gobiernos republicanos permanecen en Washington, aunque la emergencia que declaró Trump en agosto por los altos índices delictivos concluyó un mes después.
Un juez federal en Oregon ha bloqueado permanentemente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ese estado, por lo que los 200 soldados de la Guardia Nacional de California que eran parte del despliegue estaban siendo enviados de regreso a su estado, explicó un funcionario.
Un tribunal estatal en Tennessee falló a favor de los funcionarios demócratas que interpusieron una demanda para frenar un despliegue de la Guardia Nacional en Memphis, el Trump ha calificado como una réplica de sus restricciones en Washington, DC.
En California, un juez declaró en septiembre que el despliegue en el área de Los Ángeles era ilegal.
Para ese momento, sólo 300 de las millas de soldados que fueron enviados a la zona seguían en el lugar, por lo que el juez no ordenó su retiro.
El gobierno federal ha presentado apelaciones a los fallos de California y Oregon ante el Tribunal Federal de Apelaciones del 9º Circuito.
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