Que en febrero murieran 34 neonatos en una sola maternidad de la capital es una prueba palmaria de la profundidad y gravedad de las deficiencias que degradan nuestro sistema sanitario.
Pasaron dos meses sin que esa tragedia trascendiera y cuatro días después de que la información consternara a la ciudadanía, las autoridades toman las primeras medidas correctivas.
El Servicio Nacional de Salud ha suspendido al director de la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, así como a la encargada de Neonatología de ese hospital, para dar mayor facilidad a la investigación de las muertes.
Además de las causas de las muertes de los neonatos al ritmo de más de uno por día sin que esos decesos llamaran la atención de las autoridades, corresponde a los investigadores establecer si hubo alteración de datos de edad y causa de fallecimientos.
Lo sucedido en este hospital debe mover al gobierno a comprender que cuando se administra el Estado, el actuar con responsabilidad tiene que ser un sello distintivo del buen gobernar.
Quienes rompen ese sello del buen servicio, deben cargar con la responsabilidad moral y legal de sus hechos, con todas las consecuencias.
Mientras llega el resultado de la investigación, aprendamos la lección de que ocultar esas fallas de gestión para “evitar ruidos” mediáticos, son solo un autoengaño temporal.
La vida humana –más aun de personas vulnerables como la niñez y la adultez mayor- tiene que ser objeto de la más celosa atención y cualquier daño de la magnitud de lo ocurrido en Los Mina, no puede ser ignorado.
Dar servicios sanitarios con calidad profesional y humana es un compromiso sagrado de las autoridades, y cuando eso se pierde, lo que está en juego es la vida de los ciudadanos y el mandato constitucional que obliga al Estado a protegerla.
Con sobrada razón la Sociedad de Pediatría y el Colegio Médico están pidiendo una investigación a fondo de las muertes neonatales en el país, en ánimo de que se apliquen las sanciones que corresponden si se prueba que fueron el resultado de una negligencia médica.
La sociedad dominicana está a la espera de que el gobierno ajuste cuentas con quienes no cumplieron con sus atribuciones, permitieron seguir exponiendo la vida de infantes y trataron de hacer creer que todo estaba bien.
