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viernes, noviembre 22, 2024

Ecuador designa a Sariha Moya como vicepresidenta interina


El gobierno de Ecuador designó el lunes a Sariha Moya como nueva vicepresidenta interina en reemplazo de Verónica Abad, quien fue sancionada el fin de semana y suspendida de funciones y sin sueldo durante 150 días.

El gobierno precisó en un comunicado que “en aplicación del artículo 150 de la constitución… la presidencia de la república» designó a la vicepresidenta encargada.

Ese artículo señala que “en caso de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la república, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la presidencia”.

La nueva funcionara debería permanecer en ese cargo por cinco meses, el mismo tiempo de suspensión de Abad y apenas un mes antes de la posesión del nuevo gobierno en Ecuador, que saldrá de las elecciones generales del próximo año y cuya primera vuelta está prevista en febrero. .

En un mensaje grabado desde Turquía, Abad dijo el lunes que “luego de tantos ataques ejercitados en mi contra por parte del presidente Daniel Noboa y sus ministros… denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la constitución ya las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en las urnas”.

Abad fue suspendida el sábado por abandono injustificado de sus trabajos de acuerdo con una sanción que le impuso el Ministerio de Trabajo del país andino. La medida indica que la vicepresidenta cometió una “falta tumba” por lo que deberá cumplir la suspensión, incluidos sábados y domingos, sin goce de remuneración.

La vicepresidenta fue acusada por la cancillería ante el Ministerio de Trabajo por no haber cumplido la orden de trasladarse el 1 de septiembre desde Israel –donde se desempeñaba como embajadora designada por el presidente– hacia Turquía debido al conflicto bélico que enfrenta el primer país . Abad llegó a Ankara ocho días más tarde.

Abad se justificó aduciendo que el viaje a Turquía no fue “debidamente preparado” y que se cometieron atropellos porque el gobierno planteó “que dejara a mis hijos en Israel para irme sola a Turquía”. Agregó además que se buscaba su destitución para “evitar la sucesión presidencial” en referencia a que el presidente Noboa se postuló como candidato a la reelección en los comicios de febrero próximo y para hacer campaña debe delegar el cargo a la vicepresidenta.

La vicepresidenta suspendida agregó el lunes que “pretenden inhabilitarme por cinco meses y por una falta no cometida, sin prueba alguna, con el sólo objetivo de que no asuma la presidencia de la república cuando el candidato presidente entre en su campaña”.

En ese sentido, el abogado y exlegislador Ramiro Aguilar dijo a The Associated Press que “las dos resoluciones de los últimos días, la suspensión de la vicepresidenta y la designación de la nueva, son actos espurios cuyo valor es de facto” ante el cual la Asamblea y los jueces deben accionar para poner en evidencia “este acto nulo”.

Destacó que “hay arrogación de funciones de la ministra del Trabajo que suspende a la vicepresidenta Abad elegida por votación popular y hay arrogación de funciones de la señora que asume la vicepresidencia”.

Abad y Noboa no tienen buena relación desde antes de asumir el poder, por causas que aún no han quedado claras. Noboa la ha tildado de “desleal”.

La sanción del sábado es la segunda en contra de Abad, quien el martes pasado fue multada con 8.500 dólares por el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador por hacer campaña electoral anticipada en 2023, cuando fue candidata a la alcaldía de la ciudad de Cuenca, la tercera del país.

Por esta y otras acciones, Abad denunció al presidente Noboa ya tres funcionarios del gobierno, incluida la canciller Gabriela Sommerfeld, por supuestamente cometer actos de violencia política de género en su contra. El viernes, se realizó la audiencia ante el tribunal que resolverá la acción en los próximos días.

La violencia política de género es considerada una falta electoral “muy grave” en la legislación ecuatoriana y se sanciona con multa, destitución y/o suspensión de los derechos de participación política por hasta cuatro años.

Abd dijo que denunciará su suspensión ante la comunidad internacional.

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