Vladmir Bautista está hoy preocupado por el futuro de su dispensario de cannabis, Happy Munkey, que iba a abrir en los próximos meses.
«Entonces, tengo seis años creando esta compañía, peleando para este momento y ahora ya casi estamos en la meta, cuando puedo por fin mi familia, ser una inspiración», dijo Bautista.
Su incertidumbre se produce después de una decisión judicial preliminar en una demanda contra los reguladores estatales de marihuana.
La denuncia, presentada por un grupo de exmilitares, alega que la Oficina de la Administración del Cannabis, el ente del Estado que regula la industria, ha fallado en procesar y emitir los permisos solo a las personas que han tenido condenas relacionadas con el cannabis, dejando de lado a otros grupos minoritarios.
“Es una demanda que un grupo de veteranos deshabilitados puso contra el estado sobre ello. Poder integrarse a lo que es el programa de Clark, que fue un programa que se desarrolló para darle preferencia a personas que tenían convictos (condenas)”, dijo Jeffrey García, cofundador, Asociación Latina de Cannabis.
Esto en un esfuerzo por cambiar historias como la de Bautista, quien cuenta que se encontró marihuana a un punto su vida para consolidar a sí mismo ya su familia.
«Caí preso, me metí, me metieron preso 22 veces por esa planta», añadió Bautista.
Bautista.
El fallo judicial ordena que por ahora se detenga el proceso y la aprobación de las solicitudes pendientes como parte del programa CAURD. Sin embargo, el mandato no aplica para las licencias que antes del 7 de agosto ya cumplieron con todos los requisitos.
«Desafortunadamente solo los que están abiertos ahora pueden seguir trabajando en su tienda. Eso da mucha pena porque hay personas que ya estaban listas para abrir la semana pasada y no han podido abrir», agregó García.
Bautista estaba en el proceso de conseguir una ubicación para su tienda, pero ahora, incluso si lo hace, su licencia no podría ser procesada. Explica que ha gastado alrededor de 800 mil dólares y si la pausa permanece por mucho tiempo, tendrá graves consecuencias.
«Es una cosa que puede de hasta fundar mi compañía completa, porque mira, hemos estado pagando dinero o buscando bienes raíces, buscando abogados, pagando trabajadores, gastando todo mi tiempo y energía para hacer todo lo que el Estado necesita y para crear esta tienda», dijo Bautista.
La próxima fecha de la corte en el caso está programada para el viernes 25 de agosto.
Bautista pide que se deshaga el bloqueo para evitar grandes impactos financieros.