WASHINGTON — Más de una veintena de estados presentó el jueves una demanda pidiendo la anulación de los nuevos aranceles que impuso el presidente Donald Trump luego que la Corte Suprema declaró ilegales los aranceles anteriores.
Los fiscales generales y gobernadores demócratas que encabezan la demanda sostienen que Trump está excediendo sus atribuciones con aranceles previstos del 15% sobre gran parte del mundo.
Trump ha afirmado que los aranceles son esenciales para reducir los persistentes déficits comerciales de Estados Unidos. Se impusieron los gravámenes en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 después de que la Corte Suprema anuló los aranceles que impuso el año pasado bajo una ley de poderes de emergencia.
La Sección 122, que nunca se ha invocado, permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15%. Están limitados a cinco meses a menos que el Congreso los prorrogue.
La demanda está encabezada por los fiscales generales de Oregon, Arizona, California y Nueva York.
“El enfoque en este momento debería estar en devolverle el dinero a la gente, no en redoblar la apuesta con aranceles ilegales”, declaró el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield.
La demanda llega un día después de que un juez determine que las empresas que pagaron aranceles bajo el marco anterior de Trump deberían recibir reembolsos.
La Casa Blanca promete una defensa enérgica
La Casa Blanca insistió en que Trump está actuando dentro de sus atribuciones. “El presidente está usando su autoridad otorgada por el Congreso para abordar problemas fundamentales de pagos internacionales y para lidiar con los grandes y graves déficits de balanza de pagos de nuestro país”, sostuvo el portavoz Kush Desai. “El gobierno defenderá enérgicamente la acción del presidente en los tribunales”.
Los estados argumentan que la Sección 122 se puede usar solo en circunstancias específicas y limitadas, y que no le da a Trump autoridad para imponer impuestos generalizados a las importaciones. También sostiene que los aranceles elevarán los costos para los estados, las empresas y los consumidores.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, señaló un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York que concluyó que los ciudadanos comunes en gran medida asumen el costo de los aranceles, que se ha estimado en 1.200 dólares al año por hogar. “Ese es dinero que sale de los bolsillos de las familias estadounidenses que intentan comprar alimentos, pagar el alquiler y mantener a flote sus pequeñas empresas”, señaló Mayes.
Muchos de esos estados también exigieron con éxito por los aranceles de Trump impuestos bajo una ley distinta: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).
Trump invocó la Sección 122 cuatro días después de que la Corte Suprema anulara sus amplios aranceles bajo la IEEPA el 20 de febrero, para imponer aranceles del 10% a los bienes extranjeros. El secretario del Tesoro, Scott Bessant, declaró a CNBC el miércoles que el gobierno elevaría los gravámenes al límite del 15% esta semana.
Los estados demócratas y otros críticos señalan que el presidente no puede usar la Sección 122 como sustituto de los aranceles ya invalidados para combatir el déficit comercial.
Paradójicamente, el propio Departamento de Justicia de Trump argumentó en un escrito judicial el año pasado que el presidente necesitaba invocar la ley de poderes de emergencia porque la Sección 122 “no tenía ninguna aplicación evidente” para combatir los déficits comerciales, que calificó como “conceptualmente distintos” de los problemas de balanza de pagos.
La Sección 122 surgió a partir de las crisis financieras de las décadas de 1960 y 1970, cuando el dólar estadounidense estaba vinculado al oro. Pero el dólar ya no está ligado al oro, por lo que los críticos sostienen que la Sección 122 está obsoleta.
Aun así, algunos analistas jurídicos dicen que el gobierno de Trump tiene un caso más sólido esta vez.
También se suman a la demanda los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, así como los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
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