El máximo responsable de Derechos Humanos en Naciones Unidas, Volker Türk, afirmó el viernes que los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas ilegales desde Sudamérica son “inaceptables” y deben parar.
EEUU ha acumulado una fuerza naval grande en el mar Caribe y las aguas frente a la costa de Venezuela.
Esta condena parece ser que es la primera de este tipo por parte de una agencia de la ONU.
Türk pidió que se investigaran los ataques y confirmara que más de 60 personas habían muerto en los ataques a barcos en la región desde principios de septiembre, según la portavoz de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha justificado los ataques a los barcos como necesarios para frenar el flujo de drogas hacia su país.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el miércoles el último ataque militar estadounidense en la campaña, contra un barco que, según él, transportaba drogas en el océano Pacífico oriental. Las cuatro personas a bordo murieron.
Fue el decimocuarto ataque desde que comenzó la campaña a principios de septiembre, mientras que el número de muertos ha aumentado al menos 61.
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Türk considera que “los ataques aéreos de Estados Unidos a barcos en el Caribe y en el Pacífico violan el derecho humanitario internacional”, de acuerdo con el portavoz.
“Estados Unidos debe detener esos ataques y tomar todas las medidas necesarias para prevenir la ejecución extrajudicial de gente a bordo de estos barcos”, agregó.
Imagen de uno de los barcos bombardeados por parte de EE.UU. en octubre de 2025
Shamdasani tomó nota de las explicaciones de Estados Unidos sobre los esfuerzos como una campaña contra las drogas y el terrorismo, pero dijo que el acuerdo entre países contra el tráfico ilícito de drogas es una cuestión de aplicación de la ley que se rige por «límites cuidadosos» impuestos al uso de la fuerza letal.
El uso intencional de la fuerza letal solo se permite como último recurso contra alguien que representa «una amenaza inminente para la vida», afirmó. «De lo contrario, equivaldría a una violación del derecho a la vida y constituiría una ejecución extrajudicial».
Los ataques se están llevando a cabo «fuera del contexto» de un conflicto armado o de hostilidades activas, señaló Shamdasani.
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