El exdiputado de Manuel Jiménez, antiguo aliado del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), presentó un recurso de casación en contra del acuerdo firmado en enero de 2017 por la PG y la constructora brasileña y que fue validado el 19 de abril de ese mismo año por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Danilo Quevedo.
Santo Domingo, 21 feb (EFE).- La Suprema Corte de Justicia (SJC) dominicana rechazó un recurso presentado por un exdiputado en contra del acuerdo entre la Procuraduría General (PG) y la constructora Odebrecht, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que aseguró entregó en sobornos en este país.
El exdiputado de Manuel Jiménez, antiguo aliado del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), presentó un recurso de casación en contra del acuerdo firmado en enero de 2017 por la PG y la constructora brasileña y que fue validado el 19 de abril de ese mismo año por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Danilo Quevedo.
Sin embargo, este martes los jueces de la Segunda Sala Penal de la SCJ lo declararon inadmisible, de acuerdo con el fallo al que tuvo acceso hoy Efe.
Mediante este acuerdo, la constructora Odebrecht se comprometió a pagar 184 millones de dólares al Estado dominicano, el doble de lo entregó en sobornos, y revelar los nombres de los beneficiados, a cambio, sus empleados no serán enjuiciados en ese país caribeño.
Casi mes y medio después de que el juez validara este pacto, el Ministerio Público imputó por los sobornos a 14 personas, entre ellas el destituido ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, un reconocido dirigente del PLD; y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista.
Asimismo, al empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.
El grupo está acusado de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero todos se encuentran en libertad condicional. El pasado 9 de febrero, el juez de la SCJ extendió por cuatro meses el plazo dado al Ministerio Público para formalizar la imputación de cargos contra los acusados.
El magistrado acogió de esta manera el pedido de la Procuraduría General de la República con el propósito de completar las investigaciones, en las que están implicados legisladores, empresarios y exfuncionarios. EFE
